El paramilitarismo es un fenómeno criminal que continúa creciendo, a pesar de las medidas oficiales anunciadas y en parte desarrolladas para contrarrestarlo, sigue debilitando la legitimidad del estado, cuenta con ciertos apoyos sociales y políticos y continúan las denuncias que comprometen por acción u omisión a sectores de la fuerza pública con este tipo de proyecto contrainsurgente. Los paramilitares han pasado a la oposición armada frente a la política de paz, buscan impedir la Zona de Encuentro acordada con el ELN en el Sur de Bolívar y realizan ataques directos y amenazas incluso contra el Alto Comisionado para la Paz.

Por su parte, la actuación de la guerrilla sigue manteniendo políticas y formas de actuación que ocasionan un alto margen de violación a las normas humanitarias, de ataques desproporcionados, tomas de rehenes, secuestros, uso del terrorismo, amenazas y homicidios por fuera de combate.

Paradójicamente las comunidades, territorios y municipios que se declaran autónomamente como espacios de paz y convivencia, como los resguardos de los pueblos indígenas, territorios de afrocolombianos y municipios comprometidos con acciones de ejercicio de la soberanía popular en varios departamentos, son especialmente atacados por distintas partes contendientes.

En las actuales condiciones cuando la población sufre los mayores costos del conflicto armado, el cese al fuego podría disminuir drásticamente tales efectos. En consecuencia, el movimiento de derechos humanos, los movimientos de paz y la comunidad internacional proponen asociar su logro a compromisos precisos para avanzar en la recuperación de las graves crisis en derechos humanos y en derecho humanitario.

Su importancia a juicio de las Naciones Unidas podría conducir a consolidar las condiciones hacia el entendimiento posterior en términos de un acuerdo de paz definitivo, advirtiendo que las obligaciones de respetar y proteger a la población civil, excluyéndola de las hostilidades, son imperiosas e innegociables. Así lo afirma Anders Kompass:: "Es necesario recalcar que ni en este Acuerdo ni en un acuerdo humanitario pueden negociarse las normas y obligaciones internacionales. El derecho internacional exige el respeto de esta normativa cuyos beneficiarios son todas las personas. Por lo tanto, las partes no pueden arrogarse la facultad de decidir sobre los derechos que no están dirigidos a sus propios intereses sino a la protección y el bien común de todas las personas".

En la actual situación ante una guerra altamente degradada no puede admitirse la opinión de que una tregua en las hostilidades y la posibilidad de ordenar el cese al fuego, son un asunto del futuro y circunscritos a un pacto de paz definitivo. Por el contrario, dentro de los factores políticos, sociales y militares a considerar para conseguirla, se fundamenta su necesidad mediante un acuerdo inmediato, de carácter parcial y considerando compromisos humanitarios.

POSIBILIDAD DE UN ACUERDO DE CESE AL FUEGO

Las hostilidades militares por su carácter demandan iniciativa, ofensiva y avance de las partes, a cada ofensiva sobreviene una contraofensiva, los éxitos o las derrotas necesariamente derivan en planes tácticos y estratégicos para conseguir mayores ventajas y elevar la contundencia militar en acciones de diversa índole.

Un cese al fuego y de suspensión temporal de las hostilidades mediante una tregua bilateral puede lograrse en las actuales condiciones, aceptando que es un proceso de negociación intensa y difícil, cuya perspectiva debe ser avanzar hacia una tregua multilateral que comprometa tanto los dos procesos de diálogo como la responsabilidad estatal frente al desmonte y control del paramilitarismo.

Se discute que esta exigencia es elevada, que con la ofensiva paramilitar en ciernes es imposible y que las partes están interesadas en consolidar primero campañas militares como factor político de acumulación. A todo ello discutimos que la meta de la paz es elevadísima y en consecuencia son altas también las metas de todos sus presupuestos. Que la exigencia imperiosa del respeto al derecho a la vida y el principio que demanda en la guerra respetar la inmunidad de la población civil no tiene espera. Y que tal propuesta tiene como fundamento actual avanzar hacia el entendimiento político en una situación favorable.

Una tregua en lo referido al empleo de la fuerza militar tiene que priorizar ante todo dos demandas: De una parte en el cese de todo acto hostil contra la población civil, los combatientes puestos fuera de combate y los bienes civiles. Y de otra parte un cese de las campañas, los operativos y todo tipo de ataque o acción de carácter ofensivo.

En términos de la territorialidad vale con realismo aceptar el acantonamiento en los lugares o regiones de presencia real de las fuerzas, la neutralización militar de tales áreas y un esquema flexible y progresivo de resolverlo. Es casi imposible resolver de inmediato un acuerdo completo de territorialidad, pero si se consigue que predomine la voluntad política, si se suspenden las acciones ofensivas y si se recurre a una amplia red nacional, regional y local de acompañamiento, observación y veeduría pueden acordarse términos.

Una tregua inmediata y temporal no puede pretender cláusulas de desmonte total de los dispositivos y los operativos militares de la insurgencia, en términos de lo que corresponderá a acuerdos futuros o a un armisticio de cesación definitiva de las hostilidades. Por consiguiente no es viable que implique la prohibición de aspectos como el reclutamiento, los entrenamientos, las formaciones, el despliegue de fuerzas en las áreas reconocidas para el efecto, los retenes de acceso convenidos y en general los dispositivos militares de carácter técnico, logístico, de comunicaciones, inteligencia, propaganda, tácticos y estratégicos, siempre que no impliquen realizar acciones ofensivas, y por el contrario, serían admisibles los operativos y las acciones defensivas, en respuesta a ataques ofensivos de la parte contraria.

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