El acuerdo de tregua en nuestras condiciones no puede depender sólo de los actores armados, ni de la lógica de la guerra, sino de los intereses del conjunto de la población, de la situación de las víctimas, de la acumulación política y social en demanda de la paz, del acompañamiento y la presión de la comunidad internacional. La tregua no puede ser un acuerdo sólo ni principalmente de tópicos militares, sino resolver con urgencia el abordaje de compromisos en derechos humanos, derecho internacional humanitario y de otros temas avanzados en la negociación, como es sin duda el tema social, para buscar la participación de la sociedad y el rescate de la legitimidad y la credibilidad del mismo proceso de paz.

La zona desmilitarizada, de despeje o distensión con las FARC, constituye de por sí un acuerdo parcial en términos territoriales y temporales de cese al fuego; en igual perspectiva se plantea conseguir la zona de encuentro con el ELN; las declaratorias de comunidades y territorios de paz buscan la neutralización militar y constituyen a la luz del DIH localidades no defendidas, contra las que no deben realizarse ataques; las acciones humanitarias, su personal y dispositivos, en lo cual ya se cuenta con importante experiencia, deben fortalecerse y especificarse para su amplia actuación en el contexto de la tregua.

El Encuentro Internacional realizado en el año 2000 en Costa Rica, por iniciativa de la Convergencia Paz Colombia, permitió a las organizaciones civiles participantes proponer a las partes convenir un período de cien días de suspensión de las operaciones ofensivas, para ofrecer garantías y un ambiente propicio; el Acuerdo de los Pozos, posteriormente, retomó el tema del cese al fuego y a las hostilidades y el Gobierno nacional y las FARC han intercambiado propuestas. Y tanto las FARC como recientemente el ELN, durante estos tres años de conversaciones, han declarado de nuevo en determinados momentos, treguas o ceses al fuego unilaterales y temporales, de nuevo como gesto político de facilitación al proceso.

El intercambio de propuestas sobre cese al fuego y las hostilidades entre el Gobierno nacional y las FARC debe trascender a un lugar prioritario y vincularse a acuerdos parciales que retomen tanto lo antes argumentado como resultados concretos de esta primera fase de conversaciones, lo cual pone de presente la grave crisis social y la necesidad de enviar señales positivas desde los esfuerzos por la paz en materia laboral y de políticas sociales.

LA TREGUA PROPUESTA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC

Superada la mayor crisis en los diálogos con las FARC, asistimos a la posibilidad, real y pronta, de que se suscriba una tregua con este movimiento insurgente, gracias a la afortunada gestión facilitadora de la ONU y del grupo de países amigos del proceso. Sin embargo, la brevedad de tiempo acordado, la inclinación de sectores a la guerra, la inestabilidad política y la ofensiva guerrillera inmediatamente desatada, colocan en riesgo tal posibilidad.

El informe de la llamada Comisión de Personalidades encargada de entregar recomendaciones para desescalar el conflicto y tratar el tema del paramilitarismo,, entregado en septiembre de 2001, propuso entre otras medidas que la Comisión Nacional de Diálogo y Negociación estudiara la fórmula de suscribir una tregua bilateral. La comisión argumentó el agotamiento del esquema de dialogar en medio de la guerra y consideró imprescindible conseguir la disminución progresiva de las hostilidades. Afirmó en consecuencia que el carácter de las negociaciones es eminentemente político y no militar y que en las actuales condiciones constituye un contrasentido intentar el desarrollo de las conversaciones sobre el presupuesto de la intensificación de las acciones militares.

Su propuesta es adoptar una tregua temporal de seis meses, prorrogable, ordenar por las partes el cese de las acciones de guerra en todo el territorio nacional y simultáneamente comprometerse con el respeto a las normas del derecho humanitario, de manera que se impidan los ataques contra la población y simultáneamente se estudien mecanismos y propuestas para avanzar sobre bases firmes hacia la solución política negociada. De manera importante allí apareció la opción de refrendar los consensos de reformas y cambios institucionales para la paz, por vías como una nueva Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria de un referendo. Y se incluyó la conformación de un mecanismo de verificación con participación de la comunidad internacional.

Posteriormente, mediante el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, en octubre de 2001, el Gobierno nacional y las FARC expresaron que el proceso de paz requería de acuerdos para disminuir la intensidad del conflicto, invitaron a diversos sectores para entregar aportes, se comprometieron con una nueva dinámica y mencionaron el lugar destacado que podría desempeñar ahora el Consejo Nacional de Paz.

El nuevo Acuerdo de Los Pozos suscrito el 13 de enero de 2002 que comprometió la negociación inmediata de los términos de la tregua bilateral para el cese al fuego y a las hostilidades, coloca el próximo 7 de abril como fecha límite en la cual las partes consigan consensos, a partir de buscar disminuir la intensidad del conflicto y de avanzar hacia acuerdos parciales, progresivos y de aplicación inmediata. No obstante, la situación sigue siendo particularmente tensa y cruzada de presiones y circunstancias adversas.

Como elemento positivo también se registra la reanudación de las conversaciones con el ELN a partir del Acuerdo por Colombia, suscrito en La Habana, con el Gobierno nacional el pasado 24 de noviembre y con la realización de la Cumbre por la Paz el 29 de enero. Si bien cada proceso tiene su dinámica y sus ritmos; se requiere superar los escollos que posibiliten la zona de encuentro y la realización de la Convención Nacional propuesta por este movimiento y cuyos resultados coinciden con los propósitos tanto de la agenda sustancial como de la convocatoria de una Constituyente; y resulta muy importante la perspectiva ya adoptada también de acuerdos parciales, búsqueda del desescalamiento de las hostilidades y el inicio de intercambios en el tema de la tregua y el cese al fuego y a las hostilidades.

Asistimos pues ahora al desafío de transitar en esta coyuntura de la lógica de la presión y del desgaste militar, como preámbulo a la acción política, al de la recuperación del proceso de paz, entendido como proceso político, como germen de gestación de nuevos proyectos y nuevas opciones, de nuevos actores sociales y políticos, en un contexto de recuperación real de las garantías y del logro de compromisos a tono con la deuda social, para conseguir los consensos que fundamenten la recuperación definitiva de la paz.