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A
la vez, en 1991 se desarrollan las rondas de conversaciones
en Caracas con las FARC, el ELN y el pequeño sector
del EPL que se mantuvo en armas luego del acuerdo de paz con
este movimiento. El tema del cese al fuego se trató
como prioridad en la agenda, se intercambiaron propuestas
de las partes sobre su carácter, las áreas de
delimitación territorial y las formas de veeduría
a implementar. Las diferencias entre el Gobierno nacional
y las guerrillas, quienes aún aparecían como
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, fueron
notorias, especialmente en el tema de la localización
y la delimitación territorial, aunque se consiguieron
otras aproximaciones importantes, incluyendo el cese de determinado
tipo de acciones y consensos en materia de derechos humanos.
Esta
experiencia enseñó que si bien el cese al fuego
es un tema necesario en la agenda de conversaciones, tampoco
debía ser un prerrequisito ni un obstáculo,
para poder tratar previa o simultáneamente otros temas
que constituyen propiamente el contenido político sustancial
de las negociaciones. A partir de esta consideración
los dos últimos gobiernos y los movimientos guerrilleros
aceptaron abordar los diálogos, posponiendo el tema
del cese al fuego; pero dadas las actuales circunstancias
de extensión, escalamiento y radicalización
de la guerra, resulta más difícil y contradictorio
conseguir aproximaciones y una pronta solución sin
tratarlo.
Adicionalmente
durante las dos últimas décadas también
se manifiesta la actitud de las partes favorable, en determinadas
circunstancias, para adoptar ceses al fuego en contextos territoriales
y temporales limitados, incluso muy específicos, para
resolver situaciones humanitarias y para posibilitar las acciones
de parlamento, o como se han denominado en nuestro país
del adelanto de los diálogos, o de intermediación
de terceros con propósitos similares.
Así,
entre otros casos vale recordar la desmilitarización
de un amplio corredor por parte de las Fuerzas Armadas en
Urabá en 1988 y el compromiso conjunto del EPL y de
las FARC de liberar a 22 miembros de la Fuerza Pública
capturados en combates; los ceses al fuego temporal decretados
en la región de Uribe con frecuencia durante varios
años para posibilitar la gestión de comisiones
de paz; el acuerdo de Remolinos del Caguán en 1997
que posibilitó la liberación de otros 61 miembros
de la Fuerza Pública; la distensión militar
con el ELN en el Oriente Antioqueño que facilitó
hechos como la liberación de una comisión observadora
de la OEA y luego el Acuerdo de Río Verde en 1998;
otra serie de experiencias regionales o locales con propósitos
similares. Y de manera especial ahora el acuerdo de la zona
de distensión en el Caguán con las FARC y el
acuerdo convenido en La Habana con el ELN para la zona de
encuentro, siendo el más desarrollado de todos en cuanto
a términos de reglamentación y formas de veeduría
nacional e internacional.
DEMANDA
POLÍTICA Y HUMANITARIA DEL CESE AL FUEGO
Invocar
el respeto a la vida y la superación de las hostilidades
denota retomar el ideario de una sociedad civilizada que reclama
el fin de la barbarie y el derecho legítimo a vivir
en paz. Desde la mirada de las víctimas y a la luz
de los principios de la lucha contra la impunidad, convocan
a obtener una paz fundada en la restitución de los
derechos a saber la verdad, a obtener la justicia y a la debida
reparación. Y desde la perspectiva del conjunto de
la sociedad, implican una reconciliación fundada en
la equidad, la justicia social, el cambio democrático
y un régimen con garantías y verdadero disfrute
de los derechos fundamentales.
El
cese al fuego además de constituirse en una demanda
política y militar necesaria de resolver, como parte
de los acuerdos progresivos que se requieren entre el gobierno
y las guerrillas, constituye ahora una imperiosa demanda ante
el siniestro avance del terror en numerosas regiones de la
geografía colombiana. Las organizaciones sociales y
los movimientos de paz no pueden permanecer impasibles ante
los cada vez más acentuados ataques de los grupos armados
contra la población ajena a las hostilidades; sería
por tanto inaceptable no demandar la superación inmediata
de esta situación, con carácter urgente, y prioridad
en las agendas de las conversaciones de paz.
Los
informes sobre los derechos humanos y el derecho humanitario
demuestran en los últimos años la tendencia
a una degradación cada vez mayor del conflicto armado,
sin que exista aún voluntad ni un acuerdo real de las
partes para introducir correcciones de fondo. Abiertamente
se desconoce el principio de distinción entre combatientes
y no combatientes, lo cual ocasiona numerosas e injustificadas
víctimas. En los últimos tres años se
disparó dramáticamente el número de violaciones
graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario;
los registros del Banco de Datos de Violencia Política
de Cinep - Justicia y Paz demuestran que 3430 casos representaron
un incremento del 76% de las violaciones a los derechos humanos;
que igual tendencia se registró con relación
a los 3417 casos que representaron un aumento del 43% para
las violaciones al DIH; y que también subieron, a 2226
los casos de víctimas por violencia política
social, indicando un aumento del 50%. Y a la vez, se advierte
con sorpresa, que paradójicamente la única variable
que demostró una tendencia decreciente es la relacionada
con las víctimas directas de las acciones bélicas,
las cuales descendieron porcentualmente en un 33%, de 3051
a 2223.
Dice
el informe referido al respecto: "Este hecho que podría
inducir algún sesgo optimista sobre la situación
del conflicto, comprueba en cambio la degradación del
mismo: es decir que los actores cada vez combaten menos entre
sí y, por el contrario, cada vez victimizan más
a la población civil".
Como
puede inferirse de diversos registros e informes la responsabilidad
estatal por acción u omisión sigue siendo amplia,
a pesar del descenso de los casos directos de la fuerza pública,
en tanto aún se encuentran con relación a la
actuación de los grupos paramilitares frecuentes expresiones
de colaboración, aquiescencia o permisividad.
Continúa...
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